Jean Manes, embajadora de los EE.UU., en la gran conferencia y expo Connec USA. Foto: Embajada de EE.UU.
La embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, reiteró hoy que El Salvador tiene que cumplir todos los 16 requisitos aprobados por el Congreso estadounidense como condición para los desembolsos de la cooperación estadounidense al plan de los países del Triángulo Norte, denominado "Alianza para la Prosperidad".
"Todos los días estamos esperando eso, tenemos 16 criterios y cada uno lo estamos analizando por separado", afirmó, detallando que, si por ejemplo hay sentencias contra involucrados en el tráfico de personas eso se coloca en la "columna positiva" de cumplimiento de condiciones para la ayuda estadounidense.
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Al consultarle sobre el peligro de perder esta ayuda, respondió: "Tienen que cumplir los 16 criterios los tres países, no 10 de los 16, eso no es una opción porque está escrito en la ley" del presupuesto estadounidense.
"Los 16 criterios son la parte fundamental de la Alianza para la Prosperidad. Estamos apoyando pero todavía estamos esperando y vamos a llegar este verano analizando los avances en cada uno de los criterios", afirmó.
Aseguró que hoy es un buen ejemplo de trabajo y que seguirán siendo un socio muy importante para El Salvador, ya que 25 % de la población de El Salvador vive en Estados Unidos y 17 % de la economía salvadoreña se sostiene de las remesas. La diplomática espera que los políticos lleguen a un acuerdo.
Las 16 condiciones para la ayuda estadounidense son:
- Informar a los ciudadanos de los peligros de viajar ilegalmente a la frontera sudoeste de los EE.UU.
- Combatir el tráfico y trata de personas.
- Mejorar la seguridad fronteriza.
- Facilitar el retorno seguro, repatriación y reintegración de los migrantes indocumentados.
- Establecer un ente autónomo que rinda cuentas públicamente para supervisar el plan
- Combatir la corrupción, incluyendo investigar y procesar a funcionarios de Gobierno sobre los que pese una presunción creíble de corrupción.
- Implementar reformas, políticas y programas para mejorar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas, incluyendo aumentar la capacidad e independencia del sistema judicial y de la Fiscalía General de la República.
- Establecer e implementar una política en la cual las comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil, incluyendo grupos indígenas y otros grupos marginados, y gobiernos locales son tomados en cuenta durante el diseño y la implementación y evaluación de las actividades del plan que afecta a tales comunidades, organizaciones y gobiernos.
- Contrarrestar las actividades de las bandas criminales, traficantes de droga y el crimen organizado.
- Investigar y procesar penalmente en el sistema de justicia civil a los miembros de fuerzas militares y de policía sobre quienes pesen sospechas fundadas de haber violado los derechos humanos y garantizar que los militares y la policía están cooperando en tales casos.
- Cooperar con las comisiones contra la impunidad, según proceda, y con las entidades regionales de derechos humanos.
- Apoyar programas para reducir la pobreza, crear empleos y promover el crecimiento económico equitativo en áreas de donde parten un gran número de migrantes.
- Establecer e implementar un plan para crear una fuerza de policía civil profesional y responsable y reducir el papel de los militares en la actividad policial interna.
- Proteger el derecho de los partidos políticos de oposición, periodistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos y otros activistas de la sociedad civil para operar sin interferencia.
- Aumentar los ingresos del gobierno, incluyendo la aplicación de reformas fiscales y el fortalecimiento de los organismos de aduanas.
- Resolver disputas comerciales, incluyendo la confiscación de los bienes inmuebles, entre entidades estadounidenses y ese gobierno.